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Promoción de la Apertura Política en Cuba
19-01-2021En un evento virtual se analizaron las restricciones a la libertad de movimiento en Cuba
El pasado miércoles 13 de enero, el portal de noticias independiente CiberCuba organizó una charla-coloquio con Prisoners Defenders acerca de las restricciones a la libertad de movimiento en Cuba, lo cual dio paso al fenómeno comúnmente aludido como el de “los regulados”. La presentadora, Tania Costa, introdujo el tema y a los invitados, entre los que se encontraron Laritza Diversent (representante de Cubalex), Javier Larrondo (por Prisoners Defenders), Manoreys Rojas (médico cubano), Yaxys Cires Dib (del Observatorio Cubano de Derechos Humanos) y Anarella Grimal (periodista de CiberCuba).Por Victoria Ariagno
El dialogo tomó como punto de partida el silencio aturdidor ante la escasez de críticas al país que, al día de hoy, integra el mismísimo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En Cuba, y en el Consejo mismo, pareciera existir un nivel de hipocresía generalizado que no logra trascender más allá de anticuadas asociaciones. Tal como Yaxis Cires Dib expresó, los gobiernos tienen la atribución legal de impedir el acceso al país de extranjeros por razones de seguridad nacional o de interés público, más no tienen la justificación legal para impedírselo a sus propios ciudadanos. “Durante muchos años el exilio fue mal visto, y este reclamo de ‘poder regresar a Cuba’ fue vinculado con ello”, aclara Cires Dib.
Esta práctica arbitraria del gobierno cubano no sólo tiene la particularidad de no estar legislada en ningun tipo de norma que la justifique, además, suele estar eximida de cualquier rendición de cuentas posible. Javier Larrondo, representante de Prisoners Defenders, explica que incluso existen disposiciones que la limitan: el artículo 52 de la Constitución cubana (reforma 2019) establece que: “Las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, sin más limitaciones que las que establece la ley.” Esta “conformidad a las limitaciones que establece la ley” somete toda legislación internacional a las disposiciones de las autoridades cubanas, quienes tienen la última palabra en su país, por sobre toda norma internacional (incluso sobre aquellas relativas a la protección y garantía de DDHH). Estas leyes limitantes se dan en una variedad muy amplia de rubros: el decreto 306 y las resoluciones 43 y 44 del Ministerio de Trabajo y Seguridad y Social, son algunas de ellas.
Laritza Diversent, de Cubalex, destacó la antigüedad de la práctica, siendo que el fenómeno de “los regulados” no es algo nuevo, sino que es producto de una política de estado desde hace 60 años aproximadamente. La razón que la motiva es el ánimo de controlar la migración en el país, y más profundamente: el afán de incidir, más aún, dominar desde cerca, los lazos familiares cubanos, tanto los que se dan dentro como los que se dan fuera del país.
Ha habido sectores específicos especialmente afectados por esta práctica que limita el derecho humano a la libertad de movimiento, como los médicos o los atletas de alto rendimiento, por mencionar algunos. Precisamente, se contó con el testimonio en primera persona de Manoreys Rojas, un médico cubano exiliado que decidió viajar a La Habana por un asunto familiar pero a quien le fue impedido el acceso ya que aquella ley arbitraria regula la entrada a Cuba incluso hasta 8 años después de haber abandonado aquel trabajo oficial.
Miguel Guerrero fue otro médico cubano que, criado en una familia con profunda convicción por los principios que proclamaba la revolución, dio un giro de 180 grados en sus ideas al contemplar, en una de las misiones oficiales a las que fue encargado asistir como médico, que era “un instrumento al servicio de una mentira que no hacía más que robar a la gente”. Desde entonces se centro en comunicar parte de la realidad cubana por medio de sus redes, siendo TikTok el instrumento que le permitió tener más llegada al público.
Evidentemente, las autoridades del país no centran sus preocupaciones en presentar una imagen “aceptable” en términos del derecho internacional sobre los derechos humanos, más su foco suele estar en la búsqueda de préstamos o negociaciones relativas a intereses económicos o políticos con los demás países.
Se hizo hincapié en la importancia de hacer resonar la ausencia y violación del derecho a la libertad de circulación que viven los cubanos, para que la llama de la lucha se mantenga viva y para que se evite naturalizar una situación que, por más que haya estado sucediendo durante varias décadas, atropella descaradamente la dignidad de la persona. Desde otros países a veces es difícil concebir cómo es posible, por ejemplo, que se haya dictaminado la prisión domiciliaria de Carlos Manuel Álvarez sin la disposición de un juez. Anarella Grimal razona que aquello tiene que ver con el terror infundido por parte del Estado provocando el silencio lapidario de los sometidos a estas y las demás numerosas prácticas injustas que emanan de un poder caprichoso e inhumano.
En la actualidad, debería estar más que claro que las soluciones posibles que se propongan para enfrentar este tipo de problemáticas deben darse siempre sin sacrificar el bienestar de la sociedad o peor aún, socavando otros derechos. El activismo de los últimos años presentó una nueva estrategia de enfrentamiento basada más en el diálogo, la negociación y la exhibición pacífica e insistente de problemáticas, que en algún ataque más violento. Las recientes protestas del Movimiento San Isidro fueron un ejemplo claro de esto, y además posibilitaron devolver el foco de atención a los asuntos internos del país, ya que últimamente, en los meses de octubre y noviembre de 2020 particularmente, se acentuó la atención pública en la repercusión que las elecciones presidenciales estadounidenses tendrían sobre la dictadura cubana, llegando a generar desunión entre los mismos cubanos y olvidando dar lugar al tratamiento de asuntos atroces que se viven día a día en la isla.
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Victoria AriagnoEstudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).
El dialogo tomó como punto de partida el silencio aturdidor ante la escasez de críticas al país que, al día de hoy, integra el mismísimo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En Cuba, y en el Consejo mismo, pareciera existir un nivel de hipocresía generalizado que no logra trascender más allá de anticuadas asociaciones. Tal como Yaxis Cires Dib expresó, los gobiernos tienen la atribución legal de impedir el acceso al país de extranjeros por razones de seguridad nacional o de interés público, más no tienen la justificación legal para impedírselo a sus propios ciudadanos. “Durante muchos años el exilio fue mal visto, y este reclamo de ‘poder regresar a Cuba’ fue vinculado con ello”, aclara Cires Dib.
Esta práctica arbitraria del gobierno cubano no sólo tiene la particularidad de no estar legislada en ningun tipo de norma que la justifique, además, suele estar eximida de cualquier rendición de cuentas posible. Javier Larrondo, representante de Prisoners Defenders, explica que incluso existen disposiciones que la limitan: el artículo 52 de la Constitución cubana (reforma 2019) establece que: “Las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, sin más limitaciones que las que establece la ley.” Esta “conformidad a las limitaciones que establece la ley” somete toda legislación internacional a las disposiciones de las autoridades cubanas, quienes tienen la última palabra en su país, por sobre toda norma internacional (incluso sobre aquellas relativas a la protección y garantía de DDHH). Estas leyes limitantes se dan en una variedad muy amplia de rubros: el decreto 306 y las resoluciones 43 y 44 del Ministerio de Trabajo y Seguridad y Social, son algunas de ellas.
Laritza Diversent, de Cubalex, destacó la antigüedad de la práctica, siendo que el fenómeno de “los regulados” no es algo nuevo, sino que es producto de una política de estado desde hace 60 años aproximadamente. La razón que la motiva es el ánimo de controlar la migración en el país, y más profundamente: el afán de incidir, más aún, dominar desde cerca, los lazos familiares cubanos, tanto los que se dan dentro como los que se dan fuera del país.
Ha habido sectores específicos especialmente afectados por esta práctica que limita el derecho humano a la libertad de movimiento, como los médicos o los atletas de alto rendimiento, por mencionar algunos. Precisamente, se contó con el testimonio en primera persona de Manoreys Rojas, un médico cubano exiliado que decidió viajar a La Habana por un asunto familiar pero a quien le fue impedido el acceso ya que aquella ley arbitraria regula la entrada a Cuba incluso hasta 8 años después de haber abandonado aquel trabajo oficial.
Miguel Guerrero fue otro médico cubano que, criado en una familia con profunda convicción por los principios que proclamaba la revolución, dio un giro de 180 grados en sus ideas al contemplar, en una de las misiones oficiales a las que fue encargado asistir como médico, que era “un instrumento al servicio de una mentira que no hacía más que robar a la gente”. Desde entonces se centro en comunicar parte de la realidad cubana por medio de sus redes, siendo TikTok el instrumento que le permitió tener más llegada al público.
Evidentemente, las autoridades del país no centran sus preocupaciones en presentar una imagen “aceptable” en términos del derecho internacional sobre los derechos humanos, más su foco suele estar en la búsqueda de préstamos o negociaciones relativas a intereses económicos o políticos con los demás países.
Se hizo hincapié en la importancia de hacer resonar la ausencia y violación del derecho a la libertad de circulación que viven los cubanos, para que la llama de la lucha se mantenga viva y para que se evite naturalizar una situación que, por más que haya estado sucediendo durante varias décadas, atropella descaradamente la dignidad de la persona. Desde otros países a veces es difícil concebir cómo es posible, por ejemplo, que se haya dictaminado la prisión domiciliaria de Carlos Manuel Álvarez sin la disposición de un juez. Anarella Grimal razona que aquello tiene que ver con el terror infundido por parte del Estado provocando el silencio lapidario de los sometidos a estas y las demás numerosas prácticas injustas que emanan de un poder caprichoso e inhumano.
En la actualidad, debería estar más que claro que las soluciones posibles que se propongan para enfrentar este tipo de problemáticas deben darse siempre sin sacrificar el bienestar de la sociedad o peor aún, socavando otros derechos. El activismo de los últimos años presentó una nueva estrategia de enfrentamiento basada más en el diálogo, la negociación y la exhibición pacífica e insistente de problemáticas, que en algún ataque más violento. Las recientes protestas del Movimiento San Isidro fueron un ejemplo claro de esto, y además posibilitaron devolver el foco de atención a los asuntos internos del país, ya que últimamente, en los meses de octubre y noviembre de 2020 particularmente, se acentuó la atención pública en la repercusión que las elecciones presidenciales estadounidenses tendrían sobre la dictadura cubana, llegando a generar desunión entre los mismos cubanos y olvidando dar lugar al tratamiento de asuntos atroces que se viven día a día en la isla.
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