La edición 2020 del Bertelsmann Transformation Index (BTI) representa la primera vez que Trinidad y Tobago es incluido en el análisis del índice. Por lo cual, resulta dificultoso extraer conclusiones largoplacistas. Pero sí es posible extraer una imagen de la situación política, económica y de la gobernanza actual en el país, bajo el liderazgo del Primer Ministro Keith Rowley del MNP. El mismo partido cuenta con mayoría en el congreso, y le sigue, en cantidad de bancas, el principal partido opositor: Congreso Nacional Unido (CNU), bajo el liderazgo de la ex primera ministra Kamla Persad-Bissessar.

Por Victoria Ariagno

La pandemia por coronavirus sirvió para justificar la exclusión de observadores electorales internacionales en las elecciones generales que se han llevado a cabo el pasado 10 de agosto Trinidad y Tobago. Si bien el primer ministro Keith Rowley, del Movimiento Nacional del Pueblo (MNP) ha reafirmado públicamente la importancia de estas figuras, también ha expresado el requisito de que todo ingresante externo al país deba hacer una cuarentena obligatoria de 14 días, por lo que la labor de cualquier observador internacional no sería compatible con la fecha designada para la celebración de las elecciones. Desde la oposición se han despertado sospechas de que esta haya sido una movida para evitar el escrutinio y tergiversar la elección.

Los electores debieron votar entre miembros de 19 partidos políticos para ocupar 41 bancas de la cámara baja, la cual, junto con el senado, elige al presidente de la nación. Los resultaron dieron por ganador al partido gobernante.

La edición 2020 del Bertelsmann Transformation Index (BTI) representa la primera vez que Trinidad y Tobago es incluido en el análisis del índice. Por lo cual, resulta dificultoso extraer conclusiones largoplacistas, como lo es la evaluación de la transformación en los últimos 10 años. Pero sí es posible extraer una imagen de la situación política, económica y de la gobernanza actual en el país, bajo el liderazgo del Primer Ministro Keith Rowley del MNP. El mismo partido cuenta con mayoría en el congreso, y le sigue, en cantidad de bancas, el principal partido opositor: Congreso Nacional Unido (CNU), bajo el liderazgo de la ex primera ministra Kamla Persad-Bissessar.

La democracia en Trinidad y Tobago se mantiene estable. La fluida rotación de las figuras y partidos en el poder, el respeto hacia la institución electoral, por los derechos de asociación y por la libertad de expresión, además del mantenimiento de una clara división de poderes, son los indicadores principales por los cuales se puede afirmar que el sistema democrático conserva su esencia en el país.

Históricamente, los mayores desafíos del país se dan en materia de seguridad, principalmente a causa del tráfico ilegal de armas y drogas, los cuales, a su vez, representan una amenaza para el desarrollo socioeconómico del país y de su gobernanza.

Así como la mayoría de los indicadores de la dimensión política presentan excelentes puntajes, como la independencia del poder judicial, la provisión de servicios básicos o el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, es necesario mantener alerta sobre el avance de grupos criminales y pandillas armadas que puedan poner en peligro esta y otras capacidades estatales y derechos de los ciudadanos.

En general, “los criminales actúan con impunidad debido a las bajas tasas de detección, persecución y de condenas”, como detalla el BTI. Los desafíos que enfrenta el gobierno en sus esfuerzos por reducir el crimen incluyen la sobrecarga del sistema legal, las numerosas trabas burocráticas que ralentizan el cambio, las altas tasas de desempleo en áreas marginales y la recesión económica.

Si bien el gobierno reconoce estos obstáculos, no implementa con efectividad las leyes previstas para tratar sanciones criminales a actos de corrupción por parte de servidores públicos. La percepción de que los procesos no son completamente transparentes termina repercutiendo negativamente en diversas áreas, como la inversión extranjera directa o, a grandes rasgos, el compromiso con las instituciones democráticas.

La dimensión económica de Trinidad y Tobago, por su parte, refleja mayor proporción de indicadores con malos resultados que la dimensión política y que la de gobernanza, aunque no son la mayoría. Por su parte, el índice de desarrollo humano del país fue, en 2017, de 0.784; es decir, está dentro de la categoría alta de ese índice. Las redes de seguridad social están bien desarrolladas pero no cubren todos los riesgos para todos los sectores de la población.

La pobreza (del 16,7%) y la inequidad son moderadas y ligeramente enraizadas estructuralmente. El gobierno parece reconocer la necesidad de un plan de mitigación de los impactos negativos que tuvo la recesión de 2015, debido a la caída de los precios del petróleo y, correlativamente, a la alta dependencia del país en estos, ya que mantiene su economía sin diversificar. Esto, además, frena el desarrollo del sector privado. Se ha propuesto un Programa Nacional de Mitigación Social de 2017 a 2022 para encarar la mejora de varios problemas sobre el bienestar social, como lo son el desempleo, la salud, la educación y la pobreza. El mismo ha recobrado relevancia como instrumento de recuperación social -principalmente de los sectores más vulnerables- en el contexto de pandemia por coronavirus desatado en el presente año (2020).

La definición de estos sectores dependerá, en parte, de lo establecido en el Plan Nacional de Recuperación del Gobierno de Trinidad, creado para hacer frente a las problemáticas profundizadas o creadas por dicha pandemia.

Cabe tener en cuenta que la aplicación de leyes relativas a la protección de la competencia de mercado, a asegurar la igualdad de oportunidades en la sociedad, a la protección del medio ambiente o de promoción de la educación e investigación, tiene una aplicación inconsistente y, por momentos, selectiva, lo cual las termina haciendo inefectivas. Esta manera de actuar inyecta incertidumbre en la toma de decisiones empresariales, lo cual a su vez, afecta la sostenibilidad del desarrollo económico.

En lo relativo a la dimensión de gobernanza, es importante destacar el indicador de “consenso sobre los objetivos”, puesto que en lo que el BTI define como una “política impulsada por el mercado”, en referencia a la decisión del gobierno de cerrar la empresa petrolera Petrotrin en noviembre de 2018 provocó un conflicto de intereses entre el gobierno y los sindicatos sobre cómo la economía nacional (que gira principalmente en torno a la exportación de petróleo y gas) debe ser gestionada. El cierre de esta empresa coincidió con la firma de un acuerdo de gas natural con el gobierno venezolano en agosto de 2018.

Otros factores que, si no se administran correctamente pueden afectar a la economía y gobernanza del país, son el gran influjo de inmigrantes venezolanos que tiene Trinidad y Tobago y la presencia de elementos radicales religiosos en la sociedad.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).