Dónde está el presidente y por qué no se toman medidas urgentes. Son dos grandes inquietudes que aquejan a la población nicaragüense y preocupan a la comunidad internacional, en el marco de la severa pandemia por Covid-19.

Por Victoria Ariagno

Todos en Nicaragua se preguntan dónde está el primer mandatario. Hace más de un mes que no se sabe nada de él. El nivel de incertidumbre generado es tal, que se comenzó a especular, incluso, respecto de su estado de salud.

Según detalla el diario nicaragüense El Confidencial, Daniel Ortega fue visto por última vez el 12 de marzo en el búnker de El Carmen, donde reside y además lleva a cabo sus actos oficiales. En aquella última aparición pública, vía videoconferencia, estuvo acompañado de los demás presidentes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). El objetivo fue abordar la pandemia del Covid-19 en ese país.

En esa ocasión no se dirigió al pueblo nicaragüense, sino a los “pueblos centroamericanos”, en general. Y manifestó su apoyo hacia el Plan de Acción del SICA, que incluye iniciativas como “la compra de medicamentos y dispositivos médicos y el incremento del fondo de emergencia del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para los trabajos de contingencia y recuperación al impacto humanitario y económico que ya está enfrentando la región”.

La vicepresidenta Rosario Murillo –además, primera dama- se ha convertido entonces en la voz del gobierno durante esta crisis. Emite diariamente comunicados metafóricos e indefinidos que dan paso a la incertidumbre. En el marco de estos mensajes ha hecho mención a su marido, como guía e instructor en estos tiempos de pandemia. Así, la ansiedad y el miedo cobran aún más fuerza en la usualmente violenta realidad social del país.

La coalición opositora local, Iniciativa por el Cambio, emitió un comunicado denunciando “la crisis política que afecta al país por la extensa ausencia del presidente Ortega, en medio de una crisis sanitaria desatada por el Coronavirus”. Consecuentemente, fue acusado de abandono del cargo y se insistió en la conformación de un gobierno de transición.

 Es persistente la falta de acatamiento de numerosas medidas sanitarias establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por nombrar sólo algunas, aún no se han suspendido actividades que impliquen aglomeración de personas, como clases en colegios y universidades, e incluso hay eventos multitudinarios, como aquellos por la celebración de Semana Santa, promovidos por el propio gobierno.

Preocupa a su vecino del sur, Costa Rica -que actualmente alberga alrededor de 500 mil migrantes nicaragüenses- la inacción ante la problemática. Por su parte, el director de Vigilancia de la Salud de Costa Rica, Rodrigo Marín, denunció que es el único país centroamericano que no ha dictado oficialmente el aislamiento social.

En tanto, el obispo católico Monseñor Rolando José Álvarez denunció que el Ministerio de Salud nicaragüense le prohibió la creación de centros de prevención por la crisis del Covid-19. El pasado 7 de abril, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) expresó preocupación por el “inadecuado” abordaje de la problemática por parte de las autoridades locales. 

Se teme que la enfermedad estalle en cualquier momento. Actualmente, hay nueve casos confirmados de Covid-19 y un muerto y, con el argumento de que el país no registra “transmisión local comunitaria”, aún no se han tomado las restricciones que el resto de los países están aplicando. El director para las Américas de la prestigiosa organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, destaca que, “con su irresponsabilidad ante esta crisis, Ortega pone en jaque la salud y las vidas de los nicaragüenses”.

Cabe desconfiar de las cifras oficiales, puesto que provienen de un gobierno autoritario, con figuras corruptas, que gozan de impunidad. Lo más probable es que la situación real esté siendo disfrazada: tanto para mantener a los de afuera sin demasiada injerencia sobre la política interna, cuanto para mantener a la sociedad bajo control en este contexto extraordinario.

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se instó a Nicaragua, país que desde abril de 2018 demuestra serios déficits en materia de protección de libertades civiles, a garantizar el acceso a la información pública y autorizar el arresto domiciliario u otras alternativas a la prisión para detenidos, quienes pueden tener mayor riesgo de contagio dentro de un ambiente de condiciones precarizadas, como ocurre en centros penitenciarios de ese país. Además, la Comisión aprovechó el comunicado para reiterar su llamado a la excarcelación de las personas arrestadas sin debido juicio y como represalia a su participación en manifestaciones antigubernamentales.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).