El país más pobre del hemisferio occidental parece saltar de crisis en crisis arrastrando consigo montones de problemas estructurales que se sostienen en el tiempo. Ocupa el puesto 169 de 189 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Aun así, recientemente incorporado al Grupo de Lima, el país busca comunicar a la comunidad internacional su inclinación por la “respuesta democrática” a los problemas.

Por Victoria Ariagno

Haití transita, hace ya unos cuantos años, una situación política e institucional volátil que la mantiene estancada en todo sentido. Actualmente, síntoma de esta “enfermedad” es la falta de celebración de las elecciones legislativas que estaban estipuladas para fines del 2019, a causa de la no aprobación de la Ley Electoral. Por lo que el pasado 13 de enero, cuando ha expirado el mandato de una parte de los senadores y diputados de sus respectivas cámaras, se hizo más vívida la preocupación por el accionar del Parlamento. Actualmente los procesos de aprobación de Ley Presupuestaria y de confirmación de un Primer Ministro se encuentran paralizados; por lo tanto, no hay una conformación definitiva de Gobierno.

Situación similar ha ocurrido en el pasado, especialmente en las elecciones legislativas de 2012 y 2014, cuando finalmente se resolvió formar un gobierno de consenso -entre el Presidente de la Republica de ese entonces, Joseph Martelly , y los partidos de oposición- quienes crearon el Consejo Electoral Provisional (CEP) a modo de adoptar una nueva normativa electoral con miras a celebrar las elecciones previstas. Incluso el actual presidente, Jovenel Moise, asumió más tarde de lo dispuesto -por el clima de violencia política que saltó en aquel momento- y ahora gobierna por orden ejecutiva “de mala gana, sabiendo que no es así como debería funcionar una democracia próspera y justa”.

A estos años de turbulencia política se les suma la emergencia humanitaria provocada por el devastador huracán Matthew en 2016, que golpeó a una población que aún no se recuperaba por completo del catastrófico terremoto de 7,0 en 2010. La vulnerable situación de las comunidades se ve así propulsada por estas catástrofes, como también por la deforestación masiva, la contaminación de las industrias y el limitado acceso seguro al agua potable y saneamiento. Con respecto a este último aspecto, un paso en favor del derecho a la salud se dio desde enero del presente año, cuando la Organización para las Naciones Unidas (ONU) afirmó que el brote de cólera que venía aquejando a la sociedad parece estar deteniéndose por fin: “Esto se logró luego de los esfuerzos concertados de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el gobierno haitiano y otros, para abordar las causas profundas del cólera.”.

La insatisfacción de las necesidades básicas de las personas y la desatención de los derechos humanos en la nación, como se ve en los altos niveles de analfabetismo o en la gran cantidad de personas detenidas a la espera de juicio, son solo algunos ejemplos de cuestiones que despiertan desde hace ya muchos años la crítica de la sociedad y de la comunidad internacional. Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han denunciado episodios como el de La Saline en el año 2018, que ha contado con 71 personas muertas, algunas asesinadas en presuntas manos de oficiales de la Policía Nacional Haitiana. Aún quedan cuestionamientos y puntos abiertos pues no se ha concluido una investigación oficial con respecto a la cuestión.

Las protestas que estallaron a mediados de septiembre de 2019 dejaron en el lapso de 2 meses al menos 42 muertos, según lo confirma la ONU, contando además con el doble de heridos, entre ellos periodistas a quienes aparentemente se buscaba silenciar. Según informa Reporteros Sin Fronteras, para el pasado año “se han registrado progresos en las leyes relativas a la libertad de prensa, sin embargo, los periodistas haitianos siguen careciendo de recursos financieros y del apoyo de las instituciones; algunos han sido víctimas de agresiones e intimidaciones”.

Los reclamos se vienen dando desde 2018, cuando la escasez de combustibles, las subidas de precios de los alimentos y la corrupción gubernamental, como principales temas, provocaron bloqueos de carreteras y otras respuestas obstructivas que tuvieron graves efectos en la alimentación, la educación, la sanidad y el transporte de los haitianos. La comunidad internacional y el mismo oficialismo instan al diálogo para lograr un acuerdo pacífico entre las partes, pero la oposición parece reluctante a esa solución y reclama la renuncia del actual presidente.

Por su parte, el gobierno de turno se defiende de lo que a su entender son denuncias sin sustento y por motivos políticos, y afirma que la falta de recursos financieros adecuados limita las soluciones que puedan proporcionarse desde el ámbito nacional, por eso se solicita la ayuda internacional. En una entrevista, Moise declaró la necesidad de hacer ciertos cambios al texto constitucional de 1987 el cual fomentaba la inestabilidad política (Haití tuvo 15 presidentes en los últimos 33 años). No obstante, la volátil atmósfera social actual no pareciera ser la más apta para emprender exitosamente un cambio así.

Según el canciller de Haití, Bocchit Edmond, la administración está tomando acciones para hacer frente a problemas como la corrupción, “como la ruptura de monopolios de larga data, políticamente conectados, y el lanzamiento de un proyecto de cuatro años y 18 millones de dólares con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para fortalecer e independizar las instituciones anticorrupción.”

Posterior a ese turbulento primer estallido, las protestas fueron espaciándose cada vez más, con unos protestantes abatidos por el cansancio. El país más pobre del hemisferio occidental parece saltar de crisis en crisis arrastrando consigo montones de problemas estructurales que se sostienen en el tiempo. Ocupa el puesto 169 de 189 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Aun así, Haití se encuentra predispuesta a contribuir a la presión contra el régimen dictatorial venezolano de Nicolas Maduro. Recientemente incorporado al Grupo de Lima, el país busca comunicar a la comunidad internacional su inclinación por la “respuesta democrática” a los problemas.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).