El gobierno de Hernández decretó la medida que regirá por siete días, en el marco de la pandemia del Covid-19. Como en el grueso de los países, se aplicaron restricciones a la circulación. Sin embargo, preocupa a varias organizaciones la posible censura.

Por Victoria Ariagno

El pasado 15 de marzo el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, decretó el estado de Emergencia Sanitaria, que regirá por un lapso de siete días. Éste se puso en funcionamiento como medida para hacer frente a la pandemia del Covid-19, que recientemente pasó las fronteras de ese país.

Al momento que se decretó la emergencia el país centroamericano tenía confirmados seis casos contagiados del virus. Conforme el artículo 62° de su constitución, el Poder Ejecutivo, mediante una reunión del Consejo de Ministros, presidido por el mismo presidente de esa nación, decidió emprender la medida en orden a que los derechos de los individuos están limitados por los derechos de los demás. El decreto entró en efecto, incluso, antes de haber obtenido la ratificación por parte del Congreso (cabe mencionar que el oficialismo no tiene mayoría allí), según lo afirmó la organización local C-Libre.

Honduras cuenta con una población de 9,2 millones de habitantes, de los cuales el 55,7% se encontró por debajo de la línea de pobreza en 2018 (según cifras de la CEPAL), siendo este el segundo país más pobre de todo Latinoamérica y el Caribe, después de Haití. El nivel de desigualdad también es enormemente elevado, en comparación con los países de la región, siendo este un factor con importante incidencia en su bajo nivel de desarrollo humano.

Estos datos demuestran la vulnerable situación en la que se encuentra corrientemente la sociedad hondureña. Resulta lógico, entonces, entender que el coronavirus, como agente silencioso que ataca sin discriminación, aparece como una amenaza extrema. Al tiempo que tiene altas chances de implicar un costo vital para una gran parte de la población hondureña. El sistema de salud de ese país, al igual que el de varios otros del mundo, no se encuentra preparado para tratar a semejante caudal de personas; así que las medidas preventivas y de ralentización del contagio se presentan como la mejor opción.

El decreto aplicó restricciones al derecho a la libertad de movimiento y también al derecho a la libre asociación; lo cual resulta coherente con la política de distanciamiento social requerida para hacer frente al virus. No obstante, llamó la atención de varias organizaciones la suspensión del derecho a la libertad de expresión (establecido en el artículo 72° de la Constitución Nacional de Honduras), ya que esto atropellaría la labor que necesariamente deben cumplir los periodistas (y también comunicadores, en general), y más aún, en este contexto de crisis. El mencionado artículo protege el derecho de los periodistas a trabajar sin persecución alguna, el cual está respaldado, a su vez, por la Ley de Emisión del Pensamiento (específicamente, en su artículo 4°).

Es llamativo cómo similar preocupación se despertó hace unos meses, producto de episodios de violencia contra civiles y, particularmente, contra periodistas o activistas de derechos humanos, como demuestran las muertes de Edgardo Castro, de UNE TV y de Luis Sierra, comunicador independiente. El grado de impunidad de Honduras es de los más altos del continente. Más aún, recientemente se ha mandado a cuarentena a periodistas que cubrieron los casos de Covid-19 en la colonia Abraham Lincoln de Comayagüela. Fue en el marco de haber ingresado “irresponsablemente” a zonas con “cerco epidemiológico”, poniendo en riesgo la vida de las personas de esos lugares, como informó Gabriel Rubí, titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), que, articulada con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), y con la Secretaría de Salud, se busca coordinen las medidas para hacer frente al coronavirus.

La inseguridad ciudadana es otro gran problema en Honduras, que, al día de hoy, se mantiene alarmantemente endémico. Esto es producto de un conjunto de factores, como la presencia de maras y pandillas, el narcotráfico (que, además, se infiltró en el funcionamiento de varias instituciones públicas) y los elevados niveles de impunidad. El episodio desatado a partir de las elecciones presidenciales de 2017 representó un violento recuerdo en la población hondureña, acallada fuertemente por las autoridades policiales del Estado, tras haberse movilizado -no aceptando los resultados de unos comicios que consideraron fraudulentos, tras haberse detenido por unas horas el recuento de votos por el Tribunal Supremo Electoral del país-. Asimismo, cabe destacar que estas elecciones tuvieron como resultado la reelección del Presidente Hernández, quien, junto al Partido Nacional, en 2015, propuso y logró la reforma constitucional que posibilitó esto mismo.

En torno a esa cuestión se acusó al gobierno de haber cometido serias infracciones, especialmente, violando derechos y garantías que corresponde al Estado resguardar, como que las movilizaciones sociales se den en un ámbito respetuoso del derecho de reunión y manifestación pacífica, además del derecho al debido proceso de todas las personas arrestadas arbitrariamente.

El día martes 25 de marzo, ante el aumento a 30 casos, el Estado de Honduras reforzó las medidas contra el coronavirus. Se restringió el acceso a los mercados del país en orden a garantizar no sólo la no-presencia de la población, sino también el reabastecimiento de las provisiones de alimentos y otros insumos básicos. Se pretende, desde el Estado, distribuir tales recursos en cada barrio. La tensión en la población va incrementado a medida que pasan los días y los alimentos son cada vez más insuficientes.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).