La ONG Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) de Honduras denunció malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades estatales tras identificar “azotes” con alambre provocados por militares sobre los cuerpos de mujeres del centro penitenciario de El Progreso, departamento de Yoro, al norte del país.

Por Victoria Ariagno

La situación de las personas privadas de libertad en Honduras fue deteriorándose con el pasar de los años, especialmente bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández iniciada en 2014. Siendo responsabilidad del Estado prevenir y combatir la criminalidad, resulta aberrante detectar la existencia de penas y medidas de seguridad tomadas por las autoridades que atropellan el debido respeto hacia la dignidad inherente al ser humano.

La ONG Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) de Honduras denunció malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades estatales tras identificar “azotes” con alambre provocados por militares sobre los cuerpos de mujeres del centro penitenciario de El Progreso, departamento de Yoro, al norte del país. Aun no se precisa el número de afectadas, pero sí se confirman las “lesiones constitutivas de tortura” que sufrieron. Los derechos a la vida y a la integridad física de aquellas se presentan así bajo situación de riesgo.

Se insta a las mismas a interponer denuncias sobre la cuestión ante el Ministerio Publico del país. Parece útil recordar que el mismo organismo trabaja en concertación con otros órganos del Estado, según como lo disponga la Constitución Nacional y, además, colabora con la Organización de los Estados Americanos a partir del mecanismo de cooperación bilateral denominado Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). El mismo asiste a las instituciones del Estado hondureño encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción. Este grupo interdisciplinario se reunió en diciembre de 2019 en conjunto con el Secretario General de la OEA y con el Canciller de la República de Honduras, en vistas a evaluar los avances de la Misión y contemplar una posible renovación de su labor en el país a modo de propiciar el fortalecimiento institucional hondureño.

La policía del mencionado departamento fue la que reprimió a las manifestaciones pacificas a comienzos de este año, cuando los habitantes de Yoro se congregaron en protesta contra la presidencia de Orlando Hernández por medio de elecciones catalogadas de fraudulentas. Sorprendidos por el impacto de balas de goma, varios periodistas fueron lesionados gravemente luego de estos incidentes, como fue el caso de Edgardo Castro, de UNE Tv y Luis Sierra, comunicador independiente. Actos como estos se perpetúan en tanto el grado de impunidad de Honduras sigue siendo de los más altos del continente, propiciados por la violencia del crimen organizado y la corrupción.

La denuncia de la ONG aparece luego de que el ejecutivo de Honduras haya declarado emergencia en el sistema penitenciario del país y facultó a policías y militares el mando de las prisiones. El mismo, también aprueba la suspensión por seis meses de las altas autoridades del Instituto Penitenciario y al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores.

El sistema penitenciario de Honduras se compone de 24 cárceles, en la cuales se alberga alrededor de 22.000 presos, excediendo más del doble su capacidad máxima de 8.000 reclusos; además menos de la mitad de aquellos han sido sentenciados, lo que indica la práctica de una “justicia selectiva”, como se ha señalado en artículos previos del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). El problema radica en la falta de control del Estado hacia las mismas cárceles, las cuales terminan funcionando bajo los preceptos de quien encabece cada sede particular, llegando a violar normas constitucionales y disposiciones legales. Un ejemplo que salta a la luz es el malfuncionamiento del Reglamento General de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, sancionado en 2015 con la participación de otros organismos especializados del Estado y organizaciones de la sociedad civil (como el CPTRT), con vistas a hacerle frente a problemas como el hacinamiento, las prácticamente nulas horas de visita, la escasa ventilación e iluminación y la falta de un proceso de rehabilitación y reinserción social. La privación de libertad no implica la perdida de dignidad del ser humano.

En consonancia con esto, el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura (CONAPREV) propone la urgencia de realizar un proceso de clasificación de la población privada de libertad “que permita ubicar a cada una, en el régimen que en base al marco normativo nacional e internacional debe estar ubicados”, así como también resulta necesaria la separación de reclusos, procesados y condenados.

Este caso no se presenta aislado siendo, lamentablemente, uno de los tantos y cruentos episodios de violencia en las cárceles hondureñas, como demuestran ejemplos como el de la Penitenciaria Nacional de Moroceli en diciembre de este año, o disturbios que resultan de enfrentamientos entre bandas criminales como lo fue el motín del penal de El Provenir que dejó 18 muertos. Hechos de igual naturaleza se registran en todo el país, especialmente en este último mes de diciembre, coincidiendo con la mencionada declaración de crisis del sistema penitenciario por parte del ejecutivo.  

El deterioro de las condiciones de vida dentro de estos centros se genera entonces, a grandes rasgos, por la carencia de recursos que tiene el Estado para garantizar la salud, esparcimiento, y otras condiciones de vida digna de todo ser humano, como así también las barreras que se dispusieron sobre las visitas en los centros alejan a los reclusos de la asistencia y apoyo que puedan conseguir de sus familiares.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).