El promover el miedo y la paranoia a una supuesta influencia extranjera se parece más a la Guerra Fría que al escenario real, aquel en el que Georgia aspira a formar parte de la Unión Europea, bloque cuya sede se encuentra, obviamente, en el extranjero.

Por Ignacio E. Hutin

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No es la primera vez que los georgianos salen a las calles a protestar. Más bien, manifestarse es una costumbre, una necesidad para un pueblo cuya primera independencia, en 1918, fue cercenada por la toma bolchevique en 1921. Hubo convocatorias en 1989, cuando los pro independencia fueron reprimidos por las fuerzas soviéticas y hubo 21 muertos; o en 2003, cuando unas elecciones fraudulentas marcaron el inicio de la Revolución de las Rosas, que llevó a un cambio de gobierno, de bandera y de alianzas. O como en 2023, cuando Sueño Georgiano (SG), el partido que hoy lleva 12 años en el poder, intentó lo que ahora sí ha logrado: aprobar una ley de agentes extranjeros. El año pasado, el gobierno dio marcha atrás frente a las manifestaciones y los reclamos internacionales. Esta vez no. Esta vez las convocatorias y la presión de parte de, entre otros, la Unión Europea no bastaron y la ley fue aprobada en el Parlamento en segunda instancia, luego de que la Presidenta la vetara.

Llamada oficialmente “sobre Transparencia de la Influencia Extranjera”, la ley obliga a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación que reciban al menos 20% de su financiamiento del extranjero a registrarse como “organismos que persiguen los intereses de una potencia extranjera”. Quienes se nieguen a revelar información sensible y confidencial, sufrirán importantes penalidades económicas e, incluso, cargos penales que implican detención. En la práctica, implica restricciones a la libertad de prensa, a la participación de la sociedad civil y pretende deslegitimar la actividad de organizaciones que puedan llegar a cuestionar a un gobierno que irá, en octubre, por su cuarto mandato consecutivo. Y las encuestas pronostican una importante diferencia a favor de SG, hasta 20% por encima de la alianza encabezada por el Movimiento Nacional Unido, que gobernara entre 2004 y 2012.

Este proceso forma parte de un contexto curioso: un partido con tanto apoyo social gobierna un país en donde la abrumadora mayoría de la población está a favor de incorporarse a la Unión Europea (86%, según la última encuesta del Instituto Republicano Internacional, de octubre pasado) y a la OTAN (80%). Y casi 80% de los georgianos ven a Rusia como la principal amenaza política a su país, considerando particularmente que un quinto del territorio georgiano está ocupado por Moscú.

Al mismo tiempo, SG se ha beneficiado indirectamente de la invasión a gran escala rusa a Ucrania, a partir de febrero de 2022: las sanciones económicas contra Moscú implicaron que Georgia, entre muchos otros, se consolidara como un gran receptor de inversiones rusas, se convirtiera en sede de unas 30 mil nuevas compañías y destino para mercadería tercerizada desde o hacia la Unión Europea. Las exportaciones de productos georgianos a Rusia aumentaron de 47 millones de dólares en 2012 a 657 millones en 2023; mientras que en el mismo periodo las importaciones desde Rusia crecieron de 477 a 1744 millones. En 2023, 10% del PBI georgiano provino de Rusia y, en 2022, la inversión directa rusa en Georgia alcanzó el récord de 108 millones de dólares.

Quizás estos datos económicos ayuden a entender por qué SG ha mostrado un cierto acercamiento hacia Moscú después de 2022 que incluyó no imponer sanciones, negarse a suministrar armas a Ucrania, prohibir la entrada al país a figuras de la oposición rusa, o acusar a los dirigentes ucranianos de “no haber evitado la guerra”, siendo incluso más críticos con Occidente y Ucrania que con el mismo Kremlin. Mientras tanto, Bidzina Ivanishvili, fundador y líder informal del partido, además del hombre más rico del país y cuyo patrimonio representa un tercio del PBI del país, sigue en contacto con las autoridades de Moscú.

Ningún representante de SG negará explícitamente las aspiraciones europeístas ni apoyará formalmente a Rusia, porque eso sería ponerse en contra de la enorme mayoría de la población. Pero, a medida que se consolida su poder, la veta menos democrática del partido se vuelve crecientemente visible y la comparación con el gigante país vecino resulta inevitable. Al fin y al cabo, Rusia cuenta con una “ley de agentes extranjeros” desde 2012, aunque ésta implica cualquier tipo de aporte económico desde el extranjero y no el 20% mínimo que establece la ley georgiana. En Rusia, dicha normativa llevó a que, entre muchas otras, fuera cerrada la organización de derechos humanos Memorial, fundada en 1989 y co-ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2022.

SG insiste en que el objetivo es limitar la influencia extranjera en los asuntos internos del país, e incluso ha alegado que distintas ONGs conspiran para derrocar al gobierno. El Primer Ministro Irakli Kobajidze dijo que estas organizaciones están “promoviendo el extremismo religioso” y la “propaganda LGBT”.

El 25 de abril, el Parlamento Europeo adoptó una resolución condenando el entonces proyecto de ley y que insta al poder legislativo georgiano a detener la revisión y dice que no se abrirán negociaciones sobre la membresía al bloque continental mientras la ley se encuentre en vigor. Las cláusulas adoptadas también solicitan que se sancione a Bidzina Ivanishvili; reclaman la liberación del ex presidente georgiano Mijeil Saakashvili, preso desde 2021 por abuso de poder y corrupción; que la Comisión Europea revea el régimen de entrada sin visa para ciudadanos georgianos, y exige la retirada del proyecto de enmiendas constitucionales que prohibirían los cambios de sexo y la adopción por parte de parejas homosexuales, así como “las reuniones destinadas a popularizar las relaciones familiares o íntimas entre personas del mismo sexo”.

Ya en 2022, en el marco del inicio de la invasión a gran escala a Ucrania, este país junto con Moldavia había sido aceptado oficialmente como candidato a incorporarse a la Unión Europea, tras una solicitud de emergencia. Sin embargo, a Georgia, que había presentado la misma solicitud, la candidatura le fue denegada. La UE reclamó una serie de 12 reformas tendientes a una mayor democratización, que el país abordara “la cuestión de la polarización política, que implementara “un compromiso de ‘desoligarquización’”, y que asegurara “la participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles”, entre otros asuntos.

Finalmente, Tbilisi recibió el estatus oficial de candidato a incorporarse al bloque en diciembre de 2023, pero las demandas de la UE significaron un toque de alarma hacia un gobierno cuyos estándares democráticos decaen progresivamente. Claro que no es comparable al periodo soviético ni tampoco al gobierno de Eduard Shevardnadze, concluido tras aquella Revolución de las Rosas en 2003. Pero las aspiraciones democráticas se ven en jaque cuando SG comienza a acumular cada vez más poder. Las cuestionadas elecciones de 2020, a las que les siguió un boicot parlamentario por parte de la oposición, también implicaron un llamado de atención.

El último informe de Human Rights Watch destaca “restricciones y ataques a la libertad de prensa”, “abusos policiales” y falta de protección a minorías sexuales. Por otro lado, Freedom House menciona “influencia oligárquica (que) afecta los asuntos políticos del país” y “figuras de la oposición (que) han enfrentado ataques físicos”, corrupción persistente y falta de independencia en el poder judicial georgiano.

Un gobierno que lleva más de una década en el poder y que sabe que cuenta con suficiente apoyo popular e ingresos económicos, puede desviar el camino emprendido en 2003, cuando Georgia comenzó sus reformas y dejó de ser la ex república soviética para pasar a ser simplemente la república. El camino de SG no parece casual. Más bien se refleja en los antecedentes de otros partidos que, en escenarios similares, decidieron ir por más, restringieron la libertad de expresión, la actividad de la sociedad civil y a la oposición política para afianzar regímenes autoritarios o semiautoritarios. Al ya mencionado caso de Rusia, en 2012, se le puede sumar el de Nicaragua, en donde Daniel Ortega, presidente entre 1985 y 1990 y desde 2007, aprobó su ley de agentes extranjeros en 2020. Dos años más tarde, casi 800 organizaciones no gubernamentales y fundaciones de todo tipo habían sido clausuradas. En Venezuela, se encuentra en segunda discusión desde enero la llamada “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”, proyecto que obligaría a organizaciones de la sociedad civil a revelar al Estado sus beneficiarios y actividades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a no aprobar la ley ya que “tendría como efecto limitar el derecho de asociación, la participación ciudadana en asuntos de interés público y la defensa de los derechos humanos”. Pero ya en 2010, con Hugo Chávez aún en el poder, la “Ley en Defensa de la Soberanía y Autodeterminación Nacional” prohibió el financiamiento a asociaciones “con fines políticos” a través de recursos provenientes de gobiernos, o entidades públicas o privadas extranjeras.

En la Hungría de Viktor Orbán existe la “Ley de Transparencia de las Organizaciones que reciben Apoyo del Extranjero” desde 2017, que obliga a quienes reciban al menos 20 mil dólares anuales (al cambio de 2024) del exterior a registrarse, revelar fuentes de financiamiento e indicar en sus publicaciones que reciben dicho ingreso. Robert Fico, que gobierna Eslovaquia desde octubre pasado, ha tenido importantes gestos de acercamiento a Rusia, incluyendo un llamado para terminar con el apoyo financiero y militar a Ucrania y bloquear su acceso a la OTAN en caso de que esa posibilidad se avecinara. Actualmente se debate en su país un proyecto prácticamente idéntico al de la vecina Hungría, sólo que el ingreso mínimo de las organizaciones sería de 5000 euros.

Por último, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, también propuso una ley similar en 2021, pero no logró mayores avances, al menos hasta ahora.

Este tipo de proyectos, cuando son presentados por partidos que se saben tan fuertes, debilitan la democracia y a las instituciones, además de restringir la capacidad de control a la sociedad civil sobre sus propios gobernantes. La aprobación de la ley de Agentes Extranjeros en Georgia ha resultado en manifestaciones y en mayores niveles de violencia política y de polarización, con un gobierno que se ha empecinado en avanzar cueste lo que cueste, sabiendo que cuenta con apoyo electoral. El promover el miedo y la paranoia a una supuesta influencia extranjera se parece más a la Guerra Fría que al escenario real, aquel en el que Georgia aspira a formar parte de la Unión Europea, bloque cuya sede se encuentra, obviamente, en el extranjero.

Aunque estos cambios no necesariamente signifiquen que el país del Cáucaso se encamina a una dictadura, sí debe ser un llamado de atención. Sobre todo, si se tienen en cuenta los antecedentes y cuán frágil puede ser la estabilidad en una región marcada por transiciones, conflictos políticos, guerras, disputas de larga data y la influencia de un vecino gigante que hoy invade Ucrania, pero mañana puede invadir a otros países.

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Ignacio E. Hutin

Consejero Consultivo

Magíster en Relaciones Internacionales (USAL, 2021), Licenciado en Periodismo (USAL, 2014) y especializado en Liderazgo en Emergencias Humanitarias (UNDEF, 2019). Es especialista en Europa Oriental, Eurasia post soviética y Balcanes y fotógrafo (ARGRA, 2009). Becado por el Estado finlandés para la realización de estudios relativos al Ártico en la Universidad de Laponia (2012). Es autor de los libros Saturno (2009), Deconstrucción: Crónicas y reflexiones desde la Europa Oriental poscomunista (2018), Ucrania/Donbass: una renovada guerra fría (2021) y Ucrania: crónica desde el frente (2021).