La inmigración en el país tico es la más grande de Latinoamérica, siendo un 10% de su población total, entre quienes hay más de 500.000 nicaragüenses y 40.000 venezolanos. Repaso de un proceso difícil, que demanda recursos y disposición estatal.

Por Victoria Ariagno

Actualmente, están establecidos en Costa Rica más de 500.000 migrantes nicaragüenses y 40.000 migrantes venezolanos. En este contexto, la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebra la responsabilidad del país receptor de mantener su política de fronteras abiertas y no devolución de los migrantes y refugiados.

Aun a pesar de estos avances, la tasa de aprobación de solicitudes de refugio sigue siendo baja (entre un 3% y un 5%). Esto se debe, en parte, a que Costa Rica no es firmante de la Declaración de Cartagena de 1984, que define como refugiados a “personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

La OEA insta a que Costa Rica amplíe su actual concepción de refugiado, definido por el organismo como “persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país”. Es una definición bajo la cual se sustenta la Dirección General de Migración y Extranjería para permitir o no el asilo.

Al día de la fecha, la inmigración en Costa Rica es la más grande de Latinoamérica, siendo un 10% de su población total.  El proceso de integración de la población solicitante de ingreso es más complejo de lo que parece: no sólo se requiere la buena predisposición de quienes se encargan de encaminarlo y los recursos para hacerlo, sino que también hay trabas que son más intrincadas. Tal es el caso de la pérdida de documentos relevantes en la vida civil de cualquier persona -como los documentos de identidad o la validación de los títulos universitarios, en algunos casos-. En diversas ocasiones, los migrantes deben esperar un período muy prolongado y exhaustivo hasta conseguir la habilitación legal necesaria, no sólo para residir en el país, sino para efectivamente desempeñar una tarea laboral y disponer de ingresos para sustentar sus vidas.

Si bien Costa Rica ha logrado lidiar con éxito con las primeras oleadas de inmigrantes latinoamericanos que recibe desde hace ya varios años, en ciertos casos, como lo es la masiva solicitud de migrantes y refugiados nicaragüenses, se ha “desbordado la capacidad del Estado de Costa Rica” para dar respuesta. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica afirma que la Unidad de Refugio tiene acumulados más de 50.000 expedientes de los países solicitantes, y sólo cuenta con tres funcionarios para procesarlos. El país, al estar estratégicamente ubicado en el continente, sirve como puente de paso para varias personas también.

La migración proveniente de Nicaragua escapa del opresor régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes tienen bajo su control a la Asamblea Nacional, la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral, junto con las fuerzas policiales de la nación, con lo cual tienen a su servicio una variedad de instrumentos para emplear contra todo opositor. Una delegación de Amnistía Internacional verificó que las condiciones de vida en este país demuestran ser desastrosas: el hacinamiento, las condiciones insalubres de las viviendas y la falta de servicios básicos, como la educación y la salud.

De Venezuela se recibe diariamente una oleada masiva de migrantes que huye de la dictadura de Nicolás Maduro. Las condiciones en las que estas personas llegan son cada vez más vulnerables, lo cual despierta la preocupación de varias organizaciones promotoras de los derechos humanos. Así lo plantea la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) que, tras varios testimonios recopilados, afirma: “Los venezolanos huyen de la violencia generalizada, alteración del orden público, violación de los derechos humanos y ocupación extranjera”.

Según un informe publicado por la CIDH, más del 80% de los venezolanos que llega a Costa Rica lo hizo vía aérea. Sin embargo, esta cifra data del año 2018; aún faltaría contabilizar la forma de acceso de aquellos que huyeron del país en 2019, año en que la crisis humanitaria recrudeció. Es probable que, dada la situación, gran parte de estos nuevos inmigrantes no haya contado con los recursos económicos suficientes para acceder a un boleto de avión, y por ende el número de desplazados vía terrestre haya aumentado más drásticamente en comparación con quienes se trasladaron vía aérea.

Cabe mencionar que los solicitantes de refugio de nacionalidad nicaragüense son la mayoría en Costa Rica. El segundo lugar lo ocupan los venezolanos. La situación del migrante forzado siempre es difícil, puesto que requiere tanto de una asistencia humanitaria adecuada, que garantice la tan anhelada libertad y los derechos que busca lejos de su país de origen, así como una apropiada inserción laboral. Es entonces necesario que países como Costa Rica, en este caso, que recibe migrantes provenientes de ambas realidades, cuente con los recursos financieros y materiales para ampliar la infraestructura y los bienes que los mismos, lógicamente, van a consumir. Es por tal motivo que el presidente costarricense Carlos Alvarado solicitó, en el marco del primer Foro Mundial de Refugiados en Ginebra, la necesidad de recursos para proyectos en salud, educación, protección social, regularización y asistencia básica.

Durante el mencionado Foro, el Fondo Mundial, entre otros, ha anunciado la decisión de “adjudicar 2.2 millones de dólares a Costa Rica en materia de la lucha contra el HIV y para la construcción de sistemas resilientes y sostenibles para la salud”. En diversas ocasiones, países han negado la entrada a los solicitantes de asilo, puesto que temen que una cantidad masiva de ingresantes pueda deteriorar la estabilidad política. No obstante, es de suma importancia brindar ayuda a países receptores como Costa Rica, ya que cumplen un rol vital, al no dejar a la deriva a quienes buscan desesperadamente un suelo seguro donde vivir.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).