La evolución de la resolución, desde que se comenzó a debatir en la Asamblea General por iniciativa cubana, demuestra que es necesario estimular el aprovechamiento de este espacio provisto por la ONU para señalarle violaciones a las libertades fundamentales al gobierno cubano. Desde su primer diálogo en 1992, a medida que trascurrían las votaciones anuales, las abstenciones fueron disminuyendo y el grupo a favor del levantamiento del embargo fue ganando más adeptos.

Por Victoria Ariagno

Pasan los años y nuevamente los estados miembros reunidos en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas reiteran enfáticamente su rechazo al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos hacia Cuba hace más de seis décadas. Desde 1992, el máximo órgano de la ONU debate y vota sobre la resolución en cuestión, habiendo trascurrido así 27 años en los que las conclusiones fueron análogas: en esta ocasión, la votación finalizó con 187 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

Usualmente los votos en contra son los de Estados Unidos e Israel, pero esta vez Brasil se les sumó. El país norteamericano únicamente se abstuvo durante la votación del año 2016, en el gobierno del expresidente Obama, quien promovió -a diferencia de sus antecesores- una relajación de los vínculos (de todo tipo) con el país caribeño, estando entre sus medidas la reanudación de los vuelos comerciales entre ambos países. Al no pertenecer a la OEA, por no ser un país democrático, se estimó que otra vía de impulsar la apertura política del país podría ser reactivando las relaciones formales entre ambos. No obstante, si bien en su momento este acercamiento produjo especulaciones, no concretó el fin del embargo.

La política del embargo se inició como reacción a la confiscación de empresas estadounidenses por parte del gobierno de los Castro, sin indemnización alguna. El embargo surge como una contestación hacia un país que vulnera el derecho de propiedad de sus ciudadanos. Los argumentos de ambas partes se sostienen hasta hoy en día: la representante de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, dijo durante el presente período, que la medida es parte del “derecho soberano” de su país a elegir con quiénes comercia y afirmó que “nuestro embargo no fuerza al régimen cubano a arrestar sin ninguna causa a periodistas independientes y defensores de los derechos humanos. Eso es una elección hecha con libertad”.

En su informe anual de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscó actualizar la información sobre la situación de los derechos humanos en Cuba que transitaba un momento de cambios: la elección de un nuevo presidente, Miguel Díaz Canel, y el inicio de un proceso de reforma constitucional, el cual culminó en febrero de 2019 con una nueva Constitución Nacional que, como describe el activista por los derechos humanos y referente de la oposición cubana, Manuel Cuesta Morrúa, es un documento cuestionable con una “legitimidad débil que se asienta en tres puntos esenciales: la sustitución de la soberanía ciudadana por la del partido comunista, la ausencia estructural de un Estado de derecho y la clausura de los espacios a la pluralidad. A lo que se une la escasa legitimidad de representación política de una presidencia no electa por el pueblo.” Organizaciones promotoras de los derechos humanos coinciden en denunciar el hostigamiento hacia el periodismo, la privación de libertad de los disidentes políticos y los arrestos arbitrarios que se cometen bajo el régimen de partido único cubano.

La evolución de la resolución, desde que se comenzó a debatir en la Asamblea General por iniciativa cubana, demuestra que es necesario estimular el aprovechamiento de este espacio provisto por la ONU para señalarle violaciones a las libertades fundamentales al gobierno cubano. En su primer diálogo, en 1992, el proyecto de interrupción del embargo fue aprobado por 59 votos a favor y 3 en contra con 71 abstenciones. De ahí en adelante, a medida que trascurrían las votaciones anuales, las abstenciones fueron disminuyendo y el grupo a favor del levantamiento del embargo fue ganando más adeptos.

Por su parte, en la reunión del presente año 2019, el representante de Cuba, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, acusó a Estados Unidos de asfixiar económicamente a Cuba por haber aplicado medidas no convencionales para impedir el abastecimiento de combustible en la isla. El resto de los miembros expresaron que el embargo mismo tiene un carácter antagónico al multilateralismo, especialmente mencionando la ley Helms-Burton cuyo efecto extraterritorial afecta la estabilidad de regiones enteras (como lo es el Caribe), según este grupo de países que urgen el cese del embargo.

El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), ha elaborado a través de los años informes que buscan explicar las causas profundas del bajo nivel de vida de los individuos cubanos y de los riesgos humanitarios que sucumben al país, más allá de los efectos directos del embargo que, si bien sí afecta a Cuba el hecho de no tener como socio al gigante comercial Estados Unidos, esta no es razón unicausal del deterioro del país caribeño. Como señala el informe sobre Cuba de Gabriel Salvia y Pablo Guido, para el año 2006, y como se reasegura en otro informe de Carolina Zaccato diez años después, “Cuba no es un país que podría llamarse ‘bloqueado’ en términos de intercambio comercial ya que exporta e importa bienes y servicios hacia y desde por lo menos la mitad de los países existentes en el planeta”. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de Cuba, en 2018 sus principales socios comerciales fueron, según el monto del intercambio, Venezuela, China, España, Canadá y México.

Se vislumbra por otra parte, que al igual que en su momento las medidas de la administración Obama buscaron fomentar la democratización del país caribeño, varios estados podrían mantener relaciones comerciales con éste para impulsar su desarrollo interno y así su apertura política, lo cual en última instancia traería beneficios de todo tipo tanto como para la región en la que está situado, como para el resto del mundo. Aunque no es este el caso particular de Venezuela, que comercia con la isla principalmente por razones de concordancia ideológica.

La Balanza Comercial cubana es deficitaria desde hace ya varios años, teniendo en 2018 un saldo comercial de -9.112 millones de pesos, siendo éste el déficit más alto desde el año 2013. Empero, estos números no son producto del embargo sino de políticas primitivas del régimen que gobierna el país: tiene una económica dirigida por el Estado, en donde el alto nivel de proteccionismo para la importación de bienes y servicios, junto con las barreras impuestas a las inversiones extranjeras directas demuestran ser la causa del débil comercio exterior del país, y con ello su decaído crecimiento y desarrollo económico.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).