Gabón es un país ambiguo. Por un lado, presenta altos niveles de ingresos per cápita y desarrollo humano, pero por otro, la desigualdad impregna los cimientos de la sociedad y la represión política es el modus operandi predilecto por el gobierno, el cual no hace más que eclipsar los derechos humanos de sus ciudadanos.

Por Victoria Ariagno

La ex colonia francesa Gabón es hoy el quinto mayor productor de petróleo de África, lo cual hace que su nivel de ingresos per cápita sea uno de los más altos en el África subsahariana. No obstante, la riqueza se encuentra muy inequitativamente distribuida y la pobreza es corriente en numerosas zonas dispersas a lo largo de su modesto territorio. A esto se le suma la restringida participación política que afecta a la ciudadanía gabonesa, dado que su presidente, Ali Bongo -hijo de uno de los jefes de Estado más prolongados del mundo, y líder del Partido Democrático Gabonés- tiene cooptada a la Corte Constitucional, la cual legitima y aprueba sus proyectos de renovación de su mandato, y cualquier otra disposición que se le ocurra al jefe de Estado.

Acusaciones de fraude y crímenes en el contexto de las elecciones presidenciales del 27 de agosto de 2016 denotan las debilidades de las estructuras políticas formales de Gabón. Del mismo modo, tal debilidad queda demostrada después del frustrado golpe de Estado de un grupo de militares que pretendían “restaurar la democracia”; a quienes el gobierno puso el punto final arrestándolos, dado que estos rebeldes golpistas, al carecer de un plan de acción concreto, fueron un grupo fácil de acallar. Estos sucesos ponen al desnudo la concepción que la sociedad civil tiene del líder autócrata, dado que se sospecha a Ali Bongo de lucrarse con el petróleo mientras el resto de la población subsiste en la miseria. Sin embargo, las instituciones u organizaciones de la sociedad civil presentan deficiencias en su organización y tienen un carácter disperso que no ayuda a su desarrollo. En sus países, estos gobiernos despóticos no rinden cuentas y la impunidad tiene un carácter permanente, por lo que se vuelcan a actos de represión, a la corrupción y a la mala gestión sin ninguna traba legal y cerrándose sobre sus propias fronteras. Asimismo, las victimas no disponen de ningún recurso efectivo para hacer comparecer sus demandas ante la justicia, ya que la misma se encuentra en relación de dependencia con el poder ejecutivo. Se necesitan mecanismos para que los civiles monitoreen corporaciones y gobiernos, construyendo herramientas mejoradas para combatir la corrupción o enfrentar la brutalidad policial.

El estancamiento político que producen estos actos de impunidad echa a la borda cualquier progreso que se pueda tener en los niveles de exportación de petróleo, de inserción en el mercado internacional, o de cualquier otro potencial (tanto productivo como turístico) que pueda ofrecer este territorio de abundantes recursos naturales, dado que localmente se atropellan los derechos de los individuos en tanto reina la violencia sexual y psicológica hacia niños y mujeres, víctimas del proxenetismo, de la explotación laboral y de la estigmatización cultural. También son comunes los desequilibrios en la participación política, la persecución a opositores políticos, las detenciones preventivas prolongadas y la distribución desigual de las oportunidades. Como demuestran los tres períodos del Examen Periódico Universal de la ONU en Gabón, si bien pueda haber cambios en el marco legislativo, ratificación de tratados, protocolos, convenciones y demás, el ejercicio de cualquier derecho que se extienda al individuo gabonés tiende a verse obstaculizado por trabas económicas o culturales.

Si bien el ingreso per cápita pueda expresar cierta información del país, éste no tiene en cuenta otros factores como la salud o la educación, que hacen al contexto en donde se desarrolla la sociedad en cuestión. Es por tal razón que se acudió al informe del IDH de la ONU del año 2017, el cual concluye que: “El IDH de Gabón para 2017 es de 0.702 (alto). Sin embargo, cuando el valor se descuenta por la desigualdad, el IDH cae a 0.545, una pérdida de 22 por ciento debido a la desigualdad en la distribución de los índices de dimensión IDH”. Gabón presenta preocupantes tasas de analfabetismo, brotes epidémicos de enfermedades tales como la causada por el virus del Ébola y un aumento de individuos que contrajeron VIH/SIDA. De igual manera, los índices en materia de derechos políticos y libertades civiles están en el peor de los niveles, según la Clasificación Mundial De La Libertad de Freedom House (Freedom in the World 2019). Ahondando aún más en la temática, según el informe de 2017 de Amnistía Internacional sobre La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo: “El nuevo Código de Comunicación -que entró en vigor en enero 2017- recibió críticas de periodistas por las disposiciones imprecisas y demasiado amplias que contenía”, y también en 2018 el oficialismo creó un nuevo organismo para controlar los medios de comunicación: el HAC (Alta Autoridad de Comunicaciones), cuyos miembros son designados directamente por el poder ejecutivo.

En definitiva, en las tres ocasiones en que se llevó a cabo el Exámen Periódico Universal (2008, 2012 y 2017) se señala que los Comités de derechos humanos de la ONU en Gabón -tales son: el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer y el Comité por los Derechos del Niño, instan al país a readaptar su sistema de justicia penal a modo de acoplarse a las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos y así librar a la justicia de esta nación de la arbitrariedad y del sesgo que la caracteriza. De manera análoga, se recomienda la concientización y sensibilización sobre la problemática del VIH/SIDA, si bien, Gabón mejoro sus condiciones sanitarias generales al implementar algunos planes nacionales relacionados con el derecho a la salud. También se fomenta la reforma del Código de Trabajo para eliminar las cláusulas que fomentan la explotación infantil y también aquellas disposiciones discriminatorias de las mujeres y de los discapacitados, a modo de promoverse el empleo y así contribuir a una estrategia nacional que se encamine a la reducción de la pobreza. Se tiene la convicción de que sólo así se logrará instaurar un estado de derecho que haga frente a la injusticia predominante y que haga honor a la dignidad de la persona.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).