A El Salvador le falta un largo camino para resolver sus falencias en materia de derechos humanos, como lo demuestran sus altas tasas en materia de homicidios y restricciones a la libertad de prensa. Se debe plantear así entre reorganizar las estructuras existentes o instalar nuevos mecanismos e instituciones que acarreen obligaciones no sólo para con la ciudadanía local, sino también con la comunidad internacional.

Por Victoria Ariagno

El pasado 6 de septiembre, luego de una reunión entre el nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se acordó la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país.

En junio del presente año Bukele asumió la presidencia al obtener el 53% de los votos dada su afiliación al frente de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), partido diametralmente opuesto a la izquierda a la que solía pertenecer y por medio del cual rompió con el bipartidismo que ha regido al país centroamericano en los últimos 30 años. Al grito de “Devuelvan lo robado” alzó su bandera anticorrupción contra los exgobernantes de la nación que, a su criterio y el de la mayoría del pueblo, no hicieron más que aumentar las tasas de desempleo, la impunidad y la presencia de pandillas que incitan a la violencia. Es por eso que entre sus promesas se encontró la instalación de una comisión técnica contra la impunidad, respaldada por la OEA.

El día de su victoria electoral recibió felicitaciones de líderes de gran envergadura, entre ellos, las del presidente estadounidense Donald Trump. Desde otro ángulo, a la ceremonia de asunción no fueron invitados los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Honduras, considerados por el nuevo presidente y sus aliados como antidemocráticos.

Sus primeros 100 días transcurrieron con un alto respaldo popular. Entre las primeras movidas de su gestión, logró disminuir el índice de homicidios implementando un Plan de Control Territorial, política que se centra en atacar a los financistas de las pandillas para quitarles los recursos con los que operan y así recuperar el territorio cooptado por estructuras criminales. Sustentado con parte de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y también de fondos propios, el plan busca también llevar agua potable, entre otras obras, en comunidades precarias.

Con todo esto, el vicepresidente Ulloa persiste a fondo con la instalación de la CICIES en el país para lo cual se celebró una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La carta de intenciones publicada en el sitio web de la OEA indica que el propósito de tal órgano es “apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones de la República de El Salvador encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y otros delitos conexos, incluyendo delitos relativos a la hacienda pública, el enriquecimiento ilícito, el blanqueo de capitales, y la delincuencia organizada nacional y transnacional”, señala el texto.

Ante esto, la oposición afirma que las medidas del Ejecutivo, como su Plan de Control Territorial, se conviertan en un excesivo control policial que pueda derivar en violaciones a los derechos humanos. Incluso el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, afirmo vía Twitter que éste órgano de gobierno no recibió oficialmente la solicitud del Ejecutivo para el apoyo financiero de su plan de seguridad. Lo mismo sucedió con la instalación de la comisión técnica respaldada por la OEA, la cual parece no tener el visto bueno del poder Legislativo ni de otros miembros de la oposición, ya que consideran preferible la reestructuración de las instituciones presentes sin necesidad de crear unas nuevas. Todo lo cual pone en la mira principal a la instalación de tal comisión en un país que se encuentra en alerta por el funcionamiento no transparente de sus instituciones y procesos reinantes.

Desde otra perspectiva, Luis Porto, el asesor principal de Estrategia y Desarrollo Organizacional de la OEA aseguró en una rueda de prensa que la corrupción “es la bacteria que enferma a las democracias, a la posibilidad de desarrollo y seguridad, y que viola la posibilidad que los ciudadanos de ese país accedan de forma equitativa a sus derechos humanos”.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).