Situaciones de exclusión social, persecución política y maltrato son vivenciadas también por grupos de activistas defensores de los derechos humanos y periodistas que pretenden comunicar «la otra cara de la moneda» del gobierno hondureño. La violencia propugnada bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández no hizo más que aumentar exponencialmente desde su llegada al mando en 2014.

Por Victoria Ariagno

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el pasado 3 de octubre un informe actualizado sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras. El documento se realizó gracias a un conjunto de instrumentos que la CIDH emplea para la recolección de datos e información tales como el procesamiento de medidas cautelares, casos, peticiones, audiencias y las conocidas “visitas in loco” que se realizan durante un breve periodo de tiempo en el lugar de estudio con el objeto de realizar observaciones de campo que permitan conectar la teoría con los hechos. Es de destacar que la última de estas visitas fue sugerida e impulsada por el mismo presidente y Gobierno del país.

El presente informe estuvo enfocado en indagar el estatus en el que los ciudadanos hondureños vivencian el conflicto poselectoral, la seguridad, administración de justicia, protección del medioambiente y de los derechos culturales, las garantías para un buen funcionamiento de los derechos económicos y sociales, y la esencial libertad de expresión que todo país que persiga la vía más desarrollada de la democracia debe anhelar y otorgar.

Más aún, la Comisión profundizó su análisis sobre la situación de grupos relegados en el país, sean mujeres, menores de edad, individuos de la comunidad LGBTI y pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades garífunas, para estos últimos: “uno de los principales reclamos que la CIDH escuchó fue la afectación de su propiedad colectiva debido a la falta de demarcación, titulación y saneamiento de sus tierras”. Situaciones de exclusión social, persecución política y maltrato son vivenciadas también por grupos de activistas defensores de los derechos humanos y periodistas que pretenden comunicar “la otra cara de la moneda” del gobierno hondureño. La violencia propugnada bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández no hizo más que aumentar exponencialmente desde su llegada al mando en 2014. Todo lo cual derivó también en un sector de personas desplazadas internamente, quienes tuvieron que abandonar sus respectivas zonas de residencia por fuerzas de causa mayor, sea la inhospitalidad generada por la falta de recursos económicos para suplir sus necesidades de vida básica, la escasez de servicios de salud y educación óptimos que ofrezcan un servicio de calidad y sin interrupciones abruptas e intermitentes como se ha visto en los últimos tiempos. Más aún, la situación socioeconómica del país tiene un impacto profundo en los derechos de niños, niñas y adolescentes que acarrea un panorama desalentador para este grupo: el 38% de la población es menor de edad, de los cuales el 36% viven en la pobreza o se encuentran en situación de calle; además de encontrarse fuera del sistema educativo mismo.

La Comisión no pasa por alto las medidas adoptadas por el Estado de Honduras para hacer frente a situaciones como las mencionadas en el informe como, por ejemplo, la creación de la Secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, la cual busca impulsar un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Asimismo, se valora la creación e implementación del Sistema de Recomendaciones de Honduras (SIMOREH), que tiene por fin dar seguimiento a las recomendaciones formuladas al Estado de Honduras por los distintos mecanismos internacionales y regionales. No son menores, además, las medidas adoptadas en pos de profesionalizar a la policía y disminuir la tasa de homicidios también, para lo cual se aprobó la Ley de la Carrera Policial. Más aun, para hacer frente a las persecuciones a activistas o periodistas, así como también hacia los miembros de Justicia (en tanto es óptimo que sea un órgano independiente del Ejecutivo), se creó una Fiscalía especial para su protección. No obstante, la falta de recursos y consistencia política hace que muchas de estas medidas queden en la nada.

El conflicto desatado luego de las elecciones de noviembre 2017 fue expresión de la tensión que se venía acumulando: con la muerte de algunos manifestantes, la población se expresó aún más desconfiada de las instituciones gubernamentales. Arrestos arbitrarios y condiciones de detención insalubres son solo algunos de los hechos que, pisoteando dignidad humana de la persona, se llevan por delante cualquier intento de alcanzar una democracia liberal al imposibilitar la permanencia y florecimiento de un Estado de derecho. La Justicia, según denuncias de organizaciones de la sociedad civil ante la CIDH, parece actuar selectivamente, favoreciendo únicamente a los intereses de actores vinculados al poder político o empresarial. Se hace visible la urgente necesidad de instalación de órganos de control de los agentes que operan en el Poder Judicial; pero sin embargo, actualmente el enorme control que tiene la Corte Suprema de Justicia sobre el nombramiento de tales funcionarios dificulta la instalación y efectividad de una institución de control de poderes como la mencionada. También, es vital, teniendo en cuenta el conflicto desatado luego de las elecciones, fortalecer la institucionalidad democrática reformando el sistema electoral y avanzando en las investigaciones por los hechos de violencia, asesinatos y malos tratos en el contexto de las protestas surgidas en ese momento. La CIDH recomienda al Estado de Honduras implementar medidas que estén acordes a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, como garantizar que las movilizaciones sociales se den en un ámbito respetuoso del derecho de reunión y manifestación pacífica; asegurar el debido proceso de todas las personas detenidas en el contexto poselectoral a modo de hacer frente a arrestos arbitrarios y a la impunidad judicial y desvincular a los Centros Penitenciarios de las FFAA, entre otras recomendaciones.

Resulta indispensable, ante todo, no desistir en el impulso del Estado de Derecho en Honduras, ya que esto será garantía de los derechos humanos en el país, columna vertebral de toda democracia que ante todo sea respetuosa y protectora de la persona. Se debe asegurar una transformación real para la situación de pobreza y desigualdad estructural para que se logren efectivamente las recomendaciones propuestas.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).