No hay que dejar pasar los bajos niveles de acceso a la justicia que tuvo el país durante 2018, acorde al informe de “El estado global de la democracia en 2019” del instituto internacional IDEA, que además indica que la tasa de homicidios en El Salvador fue la más alta de Latinoamérica y el Caribe en el año 2016, siendo producto, en su mayoría, de la corrupción y falta de representatividad de las elites, que terminan erosionando el sistema democrático. En 2019 aparece Bukele como un redentor anti-establishment representante del hartazgo de la sociedad civil.

Por Victoria Ariagno

Parece que el tiempo voló desde que el pasado mes de septiembre el flamante presidente de El Salvador brindó su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas tomándose una selfie delante de los presentes. Rompiendo con los convencionalismos, en parte gracias a la juventud que porta -con sus 38 años de edad-, y también a causa de su propia personalidad, el presidente marcó con ese acto simbólico la necesidad de la política por actualizar sus formas y de acercarse más a las generaciones venideras.

En junio del presente año Nayib Bukele ganó las elecciones presidenciales gracias a sus promesas anticorrupción y a su fuerte presencia en las redes sociales. Durante su campaña, promovió la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES) en El Salvador, lo cual parece no haber sido una promesa en el aire ya que comenzó finalmente a tomar forma a partir del acuerdo marco firmado el pasado 26 de noviembre entre la Cancillería de dicho país y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En su momento, el vicepresidente Ulloa celebró una primera reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con vistas a la creación de tal comisión. En la Carta de Intención publicada en el sitio web de la OEA indica que el mencionado organismo será de asistencia técnica a las actuales instituciones de la República de El Salvador encargadas de “prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción y otros delitos conexos” en tanto estas prácticas afectan la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones públicas, condición tan esencial para la estabilidad del sistema democrático, más aun teniendo en cuenta que El Salvador se encuentra rodeado por un contexto latinoamericano tumultuoso en donde la falencia de confianza pública en las autoridades políticas es reflejo de la crisis de representación que viven varios países de la región.

Ante la iniciativa del gobierno de turno, la oposición había reaccionado afirmando que aún requería tener el visto bueno del poder legislativo para poder concretarse su creación ya que “consideran preferible la reestructuración de las instituciones presentes sin necesidad de crear unas nuevas”, como publicó en septiembre de este año el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

En octubre, posterior a aquella primera reunión entre Ulloa y Guterres, los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador entablaron un diálogo con representantes de la ONU para encaminarlo en torno al diseño de la CICIES. Según el presidente del Parlamento este poder tampoco está en contra de que se combata la corrupción y la impunidad, sin embargo, en ese momento reclamaban una reedición de su diseño en tanto consideraban que la comisión podría funcionar bajo las directivas que le marque el poder Ejecutivo unilateralmente. Es por eso que los reunidos hacen hincapié en la necesaria independencia del organismo para cumplir objetiva y efectivamente con el cometido central que se dispuso desde un principio.

 No obstante, en el acuerdo marco firmado un mes después, se detalla como objetivo de la CICIES la colaboración tanto con el Órgano Ejecutivo como con los demás órganos del Estado, en la modernización de un marco normativo e institucional para la prevención y combate de la corrupción (art. 1, inc.5 del Acuerdo Marco para el Establecimiento de la CICIES), siendo así respondida la demanda del parlamento por una institución que trabaje en coordinación con la variedad de órganos y organismos que componen al Estado de El Salvador.

Por otra parte, el artículo 3 inciso 4 despertó nuevas quejas por parte de la Asamblea Nacional dado que el funcionario que encabece la Comisión será “designado por el Secretario General de la OEA con el visto bueno del Gobierno a través del presidente”, por lo que varios legislativos consideran que la institución podría desvirtuarse. Empero, los límites a la institución se dan en su accionar mismo, el cual debe ser “de conformidad con el ordenamiento jurídico de El Salvador”.

No hay que dejar pasar los bajos niveles de acceso a la justicia que tuvo el país durante 2018, acorde al informe de “El estado global de la democracia en 2019” del instituto internacional IDEA, que además indica que la tasa de homicidios en El Salvador fue la más alta de Latinoamérica y el Caribe en el año 2016, siendo producto, en su mayoría, de la corrupción y falta de representatividad de las elites, que terminan erosionando el sistema democrático. En 2019 aparece Bukele como un redentor anti-establishment representante del hartazgo de la sociedad civil. Es cuestión de tiempo ver cómo se desenvuelve en lo atinente en conformidad con su accionar conjunto con la CICIES.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).