El pasado 18 de febrero el “International Institute on Race, Equality and Human Rights” celebró vía Facebook Live un encuentro con expertos de derechos humanos y ciudadanos nicaragüenses que han sido testigos y víctimas de los actos de represión y violencia del gobierno. En el marco del 46° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas (ONU) se buscó hacer un breve relevamiento del actual avance de la crisis de DDHH en el país.

Por Victoria Ariagno

Entre los invitados a dialogar estuvo Thelma Montenegro, una abogada que ha sufrido la pérdida de 4 de sus familiares, y la detención arbitraria de 2 de ellos en manos del régimen orteguista. Su testimonio comenzó aludiendo a las personas campesinas, un sector de la población numeroso pero al mismo tiempo acallado, principalmente por motus propio, debido al miedo generado por el terror infundido desde las más altas autoridades políticas. Ello deriva en un cada vez menor número de denuncias contra el régimen, lo cual invisibiliza aún más las atrocidades que se cometen y la posibilidad de despertar la indignación y la voz del pueblo en pos de un reclamo más persistente y pujante de sus derechos. Ante lo mencionado, Montenegro resaltó la importancia de vigilar de cerca el proceso electoral que se llevará a cabo el presente año.

Erika Guevara Rosas, moderadora de la charla, agregó que “el testimonio de Thelma es un testimonio que se repite”. Precisamente, Lottie Cunningham, líder representante del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, profundiza sobre las vulneraciones diarias que los pueblos indígenas sufren en materia de despojo de sus propias tierras ante los intereses económicos de un reducido grupo. Cunningham aclaró que ello, junto con los numerosos casos registrados de personas heridas en ataques armados, secuestros y desplazamientos forzados de los sectores rurales e indígenas (por supuesto que número de no registrados es, en este país de gobierno autoritario, mucho mayor) es producto de un achicamiento del espacio cívico y de las garantías democráticas en el país, atropelladas por los mismos actores estatales “bajo la anuencia estatal y quienes nunca son enjuiciados”, en palabras de Lottie Cunningham.

Sumados a estos maltratos, la población nicaragüense en general se vio fuertemente golpeada por el huracán que tocó la costa noreste del país en noviembre de 2020. Resultaron escasos (o afectados de alguna manera) insumos básicos para la supervivencia como viviendas, utensilios de cocina, alimentos, contaminación de pozos, ríos y lagunas que se utilizan para consumir agua y pescar, y también se perdió gran parte de -sino toda- la producción agrícola. Consecuentemente, la sociedad nicaragüense se ve inmersa en una crisis no sólo de índole de DDHH sino humanitaria en su máxima expresión.

Retomando la cuestión de los pueblos indígenas y afrodescendientes, sus derechos se ven violados no sólo en la práctica sino que también en la teoría, formalizando las represiones, siendo que recientemente se han sumado nuevas disposiciones legales represivas sobre estas personas y sus derechos. “En enero 2021 se han reforzado las barreras administrativas y burocráticas para impedir el buen funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales que tratan estos temas”. Además se han registrado agresiones diversas, incluyendo del tipo “ciberacoso”. En relación a esto, la reciente ley de ciberdelitos que define delitos penales con criterios “demasiado ambiguos” es otra traba a las libertades que se suma a la lista.

Aníbal Toruño, periodista y director de Radio Darío, cree fervientemente en la fuerza que la unión entre organizaciones e instituciones diversas que se encargan de la defensa de los derechos humanos en el establecimiento de estrategias conjuntas e inmediatas, tal como la urgencia -desde todo punto de vista: de derechos, política, social, económica- de la situación que se vive en la actualidad lo exige. Además, distingue la relevancia de tener en cuenta el calendario electoral anual, ya que una vez efectuadas las elecciones de mayo 2021 será aún más difícil restaurar un orden democrático y más cercana se verá inmersa la realidad nicaragüense con la venezolana.

Los expertos independientes, Clément Nyaletsossi Voule (Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, ONU) y Pedro José Vaca Villareal (Relator Especial para la Libertad de Expresión, CIDH) coincidieron en sus preocupaciones. Coinciden en la identificación de grandes áreas sobre las que se debe ejercer mayor vigilancia para evitar la continuación de su proceso de deterioro: el uso de fuerza arbitraria contra protestantes, la criminalización contra la disidencia política y protestas pacíficas, la falta de información o falsedad de la misma usada contra las personas identificadas como amenazas al orden establecido por el régimen, los ataques contra grupos específicos que perpetúan las brechas de todo tipo: contra personas LGBTI, mujeres, niños y defensores ambientalistas.

Menciona como gran contradicción a los estándares internacionales en materia de DDHH la adopción de la nueva ley de regulación de agentes extranjeros, y también destaca el peligro de la ya mencionada ley de ciberdelito, ambas definidas en términos ambiguos y que prohíben el financiamiento a toda organización de la sociedad civil que “reciba financiamiento extranjero”. Esto debilita aún más a la ya languidecida sociedad civil nicaragüense.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos le garantiza el derecho a todo ciudadano a participar en los asuntos públicos del país a través de cualquier medio pacífico, por ende, las organizaciones de la sociedad civil tienen derecho a recibir financiamiento y, así, participar en los asuntos públicos. También el MESENI (el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha sido de gran ayuda en la defensa de los derechos fundamentales de los nicaragüenses. El mismo ha facilitado “un espacio abierto a las denuncias del pueblo, capacitaciones -tanto a individuos como a organizaciones locales defensoras de los derechos humanos- y un control más directo sobre situaciones que ponen en peligro la integridad de las personas”, como se menciona en una publicación de 2020 de CADAL.

A modo de cierre, es posible entender que el conjunto de medidas y acciones como la incorporación de los derechos indígenas a la resolución que emita el Consejo de Derechos Humanos en este periodo de sesiones, sumado al esfuerzo concertado de gobiernos democráticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos en su tarea de protección y promoción de los mismos pueden ser instrumentos útiles en la consecución de estos nuevos horizontes que la sociedad civil nicaragüense debe proponerse con el fin de exigir y sostener sus demandas por el respeto y garantía de los derechos fundamentales que se ven actualmente avasallados en el país.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).